La semana inicia y termina en Honduras con el tema de los Derechos
Humanos. la carta de los 30 congresistas norteamericanos a la
Secretaria Clinton fue desmeritada por el departamento de estado
norteamericano. Han dejado claro que la materia no es un asunto de
importancia para ellos, pues con las elecciones del 2009 basta y
sobra.
Hernández Alcerro, embajador del régimen en Washington, ha manifestado
que quienes acusan al gobierno de violentar los derechos humanos son
“algunas Ong´s y gobiernos que pretenden desprestigiar los esfuerzos
que Lobo Sosa está haciendo en busca de la reconciliación”.
Y con ese discurso preparado viajan Ana Pineda, Ministra de DD HH y
Justicia, Sandra Ponce, fiscal especial de la materia y Mario
Canahuatti, canciller de Lobo, a la ciudad de Ginebra, Suiza, para
exponer ante la CIDH que, si bien es cierto que en Honduras hay
asesinatos del sicariato, masacres frecuentes, detenciones ilegales,
secuestros, torturas y demás acciones de violencia en contra de la
población, estas se deben a una “cultura” violenta de la sociedad
hondureña y no a una política definida desde el ejecutivo.
Por eso Oscar Álvarez pide la lista de exiliados y perseguidos de la
Resistencia, para probar, según ellos, que tal extremo no existe.
La comisión de la verdad y reconciliación constituida desde la
administración Lobo, realiza métodos coercitivos en contra de la
población víctima de las violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura de Micheletti. Advierten, que de no colaborar con la
comisión, serán procesados por obstrucción de la justicia. Dichas
amenazas de proceder judicialmente ante la negativa de muchas personas
e instituciones de ofrecer su testimonio son implementadas desde la
propia fiscalía de DD HH que busca criminalizar a las víctimas.
La estrategia es simple, ellos aseguran que no hay violaciones a los
derechos humanos, denuncian que quienes dicen lo contrario mienten y
amenazan a las victimas de procesarles sino testimonian pues, según
ellos, están formando parte de una campaña orquestada desde gobiernos
extranjeros para desprestigiar a Lobo Sosa y buscarán probarlo.
Mientras, al momento que los miembros de la comisión “de verdad”
–alternativa- hacen su segunda visita al país, el ambiente parece
prepararse para una nueva jornada de paros y huelgas a raíz de la
“des-indexación- del salario mínimo al estatuto del docente como una
operación previa a la derogación absoluta del estatuto.
Dicha acción, ejercida como una manifestación de fuerza de la
oligarquía a través del Congreso Nacional, sigue las pautas pos golpe
de estado, en donde el costo de la crisis económica se carga sobre los
sectores más pobres y desprotegidos del país buscando profundizar el
modelo neoliberal. Concesión de los recursos naturales,
privatizaciones, aumento a los servicios básicos, destrucción de las
organizaciones sindicales a través de la nueva ley de trabajo
temporal, derogación paulatina de los estatutos y beneficios de los
sectores populares se constituyen como precedente de intensas
protestas sociales.
Pero todo indica que dichas acciones oficiales no podrán ser
paralizadas desde los sectores populares, por muchas ganas que se
tengan, pues la cancelación del año escolar desde la Secretaría de
Educación, la división de las organizaciones obreras en torno al paro
cívico y la ley de flexibilización laboral, y división de las
organizaciones campesinas en torno a la problemática del INA y la
debilidad misma del fnrp impedirá una acción contundente al respecto
indicando, que la lucha social podría trasladarse 3 meses para febrero
del 2011, al inicio del año lectivo, cuando quizá esté todo el
proyecto ya consolidado.
Para ello se prepara el ambiente en el Congreso Nacional para discutir
una ley “antiterrorista” similar a la ley intimara que Lobo Sosa
aprobara en su tiempo de presidente del Legislativo. Los viajes
frecuentes de Lobo Sosa y Álvarez Guerrero a Colombia esta teniendo
sus resultados, pues poco a poco están logrando implementar el modelo
colombiano para erradicar las organizaciones populares.
Y creando el ambiente social necesario aparece una nueva masacre en
San Pedro Sula en donde se asesinó a 14 personas en un campo de futbol
en la colonia Rivera Hernández. Las características de esta masacre
son similares a las ocurridas el pasado 7 de Septiembre en el barrio
Cabañitas: no hay organización responsable, no hay motivo sólido, no
hay sino un aparente azar en las víctimas y la amenaza de la
resistencia (como coincidencia) con un paro cívico nacional.
Nuevamente, la Secretaría de Seguridad desvalorizan la atrocidad
argumentando un “ajuste de cuentas” del narcotráfico culpando así, una
vez más, a las víctimas.
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