El pensamiento de dominación implementado años atrás del golpe de Estado (promovido ampliamente por los señeros del neo-liberalismo, Callejas y Maduro), no solo se basa en la explotación desmedida de los recursos naturales sino que también, y con más profundidad, en la explotación de los recursos humanos, vistos estos desde la pura perspectiva empresarial.
El Estado hondureño no es ya más el Estado cívico que idealizaron nuestros abuelos. Cuando hablamos de Estado en nuestro contexto contemporáneo estamos hablando de una alta gerencia que se encarga de ordenar, organizar y comprometer al recurso humano en la consecución de los máximos estándares de producción. Para ello, el lenguaje corporativo ha suplantado todos los conceptos referentes a la solidaridad y asistencia social, sustituyéndolos por el frívolo (y operativo) “Responsabilidad Social”, un término que de manera esencial se encarga de darle un maquillaje solidario a las normas funcionales de las empresas y que, al momento de alcanzar los parámetros internacionales de “Responsabilidad con la comunidad donde viven nuestros empleados”, es honrado con la categoría empresarial ISO (International Organization Standardization), fundamental logro para toda aquella empresa o institución que pretende globalizar sus productos.
Desde esta perspectiva fría y pragmática inoculada en el pensamiento gerencial-estatal, el recurso humano es toda la población y lógicamente, sus aparatos reguladores (leyes constitucionales) son prácticos memorándums operativos que van siendo cumplidos bajo el estipulado de eficiencia, alta calidad en el servicio y vigilancia de “la actitud”.
El recurso poblacional, entonces, debe tener una actitud responsable con respecto a su lugar dentro de la gran empresa-estatal. La actitud son los sentimientos que ponemos para alcanzar la calidad total, nuestro estado mental y nervioso en la disposición a engrandecer la visión productiva… en síntesis, nuestra actitud se demuestra con nuestro grado de afectos positivos o negativos respecto al ambiente donde nos desenvolvemos.
“Una vez formada, es muy difícil que se modifique una actitud, ello depende en gran medida del hecho de que muchas creencias, convicciones y juicios se remiten a la familia de origen”. Así reza una de las definiciones especializadas en actitud empresarial, la cual –en el contexto de este análisis sobre el comportamiento del Estado golpista-oligarca- sirve de sustento para clasificar a los grupos sociales incómodos que, por su origen o extracción, tendrá siempre creencias, convicciones y juicios negativos provenientes de su bajo nivel educativo, es decir, serán siempre los que no podrán asimilar las conductas ideales para “sacar adelante al país”.
Este es el tono argumentativo que Renato Álvarez (triste, patético y limitado personaje) mantuvo durante todo su programa televisivo al abordar la respuesta estudiantil en las calles contra la Ley de Reforma Educativa. A su izquierda tenía a Roger Martínez Miralda, Director del Instituto Privado Aldebarán y a su derecha a Sandra Ponce, Fiscal de los Derechos Humanos del MP. Decía Renato: “Yo le pregunto a Sandra Ponce ¿usted cree que con esta actitud (lanzar piedras contra la policía, destruir muppies publicitarios) los estudiantes pueden demostrar que tienen la razón?” Y por más intentos que hizo Sandra Ponce por explicar que debemos preguntarnos primero el qué ha llevado a los estudiantes a actuar así, su contexto de crisis, su exclusión en la construcción de la Ley, Renato insistió con la palabra “actitud”, activando en la tele-audiencia los valores inculcados durante años por el pensamiento empresarial.
Roger Martínez Miralda arguyó lo siguiente: “Es una pena que mientras los colegios públicos pierden clases protestando, en nuestras instituciones educativas privadas no hayamos perdido un solo día de clases… teniendo así, la mejor posición de competencia a la hora de buscar empleo porque la empresa privada prefiere a los alumnos egresados de instituciones privadas…”
Falaz argumento que se responde, por supuesto, ante el hecho que el alto empresariado elegirá siempre a quienes comparten sus propios valores, y más aún cuando el diploma de graduación lleve en la firma el nombre de uno de sus cuadros asimilados. Y es más falaz aún, cuando sabemos que aún y cuando todos los colegios públicos se asimilaran dentro de la privatización, la empresa privada clasista jamás abriría sus puertas a la masa laboral demandante que proviene, por su origen, creencia y convicción, de los sectores eternamente excluidos del paraíso mental de la alta burguesía hondureña. Nunca la empresa privada hondureña ha tenido la mínima intención de ofrecer puestos laborales a la masa excluida, al contrario, siempre ha resguardado sus puestos especializados para los exclusivos estudiantes asimilados en una actitud sedada y complaciente.
La actitud de los estudiantes de colegios públicos y de la UNAH tendrá siempre que oponerse con firmeza a los estipulados morales de este pensamiento de dominio, sin ningún lazo afectivo de por medio ni cercanía de clase que los vincule a los empresarios. Y esto deberá seguir así, hasta el total desplazamiento de estas directrices privatizadoras en nuestra educación y en toda nuestra vida cotidiana.
Fabricio Estrada
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