lunes, 22 de agosto de 2011

La masacre no para en el Bajo Aguán


Por Giorgio Trucchi - LINyM

Dos campesinos y una campesina asesinados durante este fin de semana

El imponente despliegue militar ordenado por Porfirio Lobo, con el propósito de “poner el orden en el Bajo Aguán”, y los asesinatos atroces de esas últimas horas, no solo revelan el fracaso del régimen ante el poderío de los terratenientes y productores palmeros de la zona, sino que evidencian una vez más que en el Bajo Aguán no podrá haber paz si no se soluciona el grave conflicto agrario, ligado a la falta de acceso a la tierra y a un modelo de desarrollo depredador. 

Este domingo (21/8) fueron brutalmente asesinados Pedro Salgado, vicepresidente del MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán) y presidente de la cooperativa La Concepción, y su esposa Reina Mejía. Fueron atacados en su propia casa por desconocidos y ultimados de varios balazos y con machete.

Un día antes (20/8), desconocidos encapuchados abrieron fuego desde una motocicleta contra la humanidad de Secundino Ruíz, presidente de la Cooperativa San Isidro, perteneciente al MARCA (Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán) y Eliseo Pavón, también dirigente de esta agrupación campesina, quienes se transportaban en un vehículo.

En el ataque perdió la vida Ruíz, quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), mientras Pavón resultó herido y se está recuperando lentamente.

Según informaciones aún no confirmadas provenientes del Bajo Aguán, este domingo fue encontrado en el asentamiento La Lempira el cuerpo mutilado de un campesino perteneciente al MUCA, quien supuestamente había desaparecido el día anterior.


Con esta trágica secuela de eventos, que evidencia la inutilidad de la cacareada Operación “Xatruch II” y de la dañina presencia de más de 1.000 efectivos militares y policiales en el Bajo Aguán, suman 39 los campesinos organizados asesinados entre enero de 2010 y agosto de 2011, 16 de los cuales en los últimos 5 meses.

Esa nueva militarización de la zona - la tercera en poco más de un año – fue ordenada por el régimen de Porfirio Lobo y su ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, para supuestamente “poner el orden en el Bajo Aguán, después de la muerte de 11 personas – entre guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facussé, campesinos, trabajadores y trabajadoras extrañas al conflicto agrario – el pasado 14 y 15 de agosto.

Esa trágica situación, que nuevamente ha enlutado al pueblo hondureño y al campesinado del Valle del Aguán, se enmarca en un conflicto agrario ligado a la falta de acceso a la tierra para miles de familias campesinas, al acaparamiento de territorios por parte de unos pocos terratenientes y productores palmeros, y a un modelo de producción y desarrollo agrícola que privilegia la depredación del territorio y genera inseguridad alimentaria.


Hasta el momento, todos los acuerdos firmados entre el régimen y las organizaciones campesinas han sido desatendidos, y ninguno de los asesinatos cometidos ha sido esclarecido por las autoridades encargadas de la investigación.

Solidaridad

En diferentes ocasiones, las organizaciones nacionales de derechos humanos han clamado por una solución inmediata a la grave situación del Bajo Aguán. Asimismo, diferentes organizaciones internacionales han conformado una Misión de investigación sobre la situación de los derechos humanos en esta zona del país.

Después de haber publicado en julio pasado el Informe Final de la Misión, y haberlo presentado ante la CIDH y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, las seis redes que integran la Misión emitieron un pronunciamiento ante esta nueva ola de asesinatos.

Además de condenar enérgicamente lo ocurrido los días 14 y 15 de agosto, exigieron una “inmediata y exhaustiva investigación” de todos los crímenes cometidos en el Bajo Aguán, y expresaron su preocupación “por el riesgo de nuevos actos de violencia y represión” en el marco de la nueva militarización.


Asimismo, reiteraron que sólo será posible lograr una salida pacífica del conflicto agrario “mediante la puesta en
marcha de políticas públicas que respeten y cumplan las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por Honduras”, incluyendo la protección del derecho a la vida, la erradicación de la impunidad, el control de la seguridad pública y privada, el derecho a la alimentación y el acceso a la tierra, entre otros.

También consideraron necesario redefinir la orientación del desarrollo rural vigente, “cambiando de un modelo basado en el agro-negocio y el acaparamiento de tierras a políticas que fomenten la agricultura campesina sostenible”.

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